El Gobierno ha utilizado el nivel salarial de los estibadores para justificar su propuesta normativa, como si fuera correcto precarizar las condiciones laborales de un grupo de trabajadores únicamente porque su sueldo estuviera por encima de la media española, como si los sueldos de los estibadores supusieran una menor competitividad de los puertos españoles.

Los estibadores han firmado convenios con las empresas privadas que los contratan definiendo un sistema retributivo variable, adaptándose cada mes a la fluctuación de los tráficos.

Este sistema fue de gran utilidad para las empresas en los años de crisis ya que flexibilizaron al máximo sus costes de personal. Actualmente, en aquellos puertos en los que la actividad sigue creciendo, este sistema supone ganancias para las empresas pero también altas retribuciones para los trabajadores.

Los sueldos de los estibadores no son una variable de la que dependa que un puerto tenga más o menos tráficos. Son clave su situación geográfica, es decir, que se encuentre en las rutas importantes de las redes comerciales mundiales, los servicios que ofrezca y su potencial (intermodalidad, tamaño del hinterland, posibilidad de trasbordos).

Es más, el Banco Mundial ha afirmado que el coste en los puertos y terminales españolas está por debajo de la media de los países de la OCDE. El coste de la mano de obra estibadora supone sólo un 4% en el total de costes de transportar un contenedor de China a nuestro país.

Por tanto, se ha culpado mediáticamente de la sentencia europea al estibador para favorecer con la reforma de la ley a ciertos grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de gran parte de las terminales portuarias españolas.