Incluso antes de la derogación del decreto ley por parte del Congreso, el ministro de Fomento prometió que garantizaría la totalidad de los empleos de la estiba.

Sin embargo, la normativa que proponía ofrecía a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de gran parte de las terminales portuarias en España, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo, y esto, obviamente, imposibilitaba el entendimiento entre patronal y sindicatos.

La no convalidación del decreto ley hizo que el Gobierno tuviera que abandonar su postura intransigente y escuchar al sector. Instó pues a los distintos actores a ponerse de acuerdo para que se pudiera regular la garantía del 100% de los empleos.

Esto favoreció el acercamiento entre las partes. Después de intensas reuniones, Anesco y Coordinadora, UGT y CC.OO. suscriben el 29 de marzo un principio de acuerdo sobre los efectos laborales y las bases para la negociación colectiva en el sector de la estiba portuaria.

En este principio de acuerdo tanto trabajadores como patronal reclamaban al Gobierno la subrogación de todos los trabajadores en una norma con rango de ley, como única vía para garantizar los empleos y la igualdad de condiciones entre los operadores que actualmente están en España y los que puedan instalarse en fechas futuras.

El principio de acuerdo contempla asimismo un periodo transitorio para optimizar las plantillas en todos los puertos a través de jubilaciones. Del mismo modo se incluyen distintas medidas orientadas a la mejora en la productividad y competitividad de los puertos, como la reducción de un 10% de la masa salarial o la reorganización de las manos de trabajo en aquellos enclaves en los que sea necesario.

Las partes consideraron que este principio de acuerdo constituía un todo orgánico e indivisible y la aplicación de su contenido quedaba condicionada a la adopción por parte del Gobierno de las medidas legislativas propuestas en el mismo.

Por tanto, para terminar de desarrollar el acuerdo rubricado en el sector, quedaba por conocer la nueva propuesta normativa que ofreciera el Gobierno para dar respuesta a los requerimientos de Europa a la vez que se cumpliera la garantía de empleo de los actuales trabajadores de las SAGEP.

Sin embargo, nada más conocerse el acuerdo, el Gobierno, por boca del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, lo boicotea. Manifiesta, en otra de sus contradicciones, que no es posible recoger la subrogación por ley porque sería contrario a lo que pide Europa.

El mediador elabora entonces una propuesta de mediación obviando la subrogación, y la presenta a las partes para su aprobación. Evidentemente los sindicatos la rechazan y Anesco manifiesta un conjunto de objeciones y condiciones que, en la práctica, supone también un rechazo.

Así pues, la mediación acaba sin acuerdo. Sin embargo, el Gobierno manifiesta que esta “propuesta de mediación” no aceptada por las partes, es la resolución sobre la que basará la futura normativa y no el acuerdo previo de sindicatos y empresas.