Coordinadora atónita por la situación después de haber demostrado una extraordinaria capacidad de diálogo y de haber consultado a expertos en derecho administrativo y comunitario para dar alternativas al Gobierno de cómo cumplir la sentencia de una manera justa y que no afectara a la estabilidad del sector, decide iniciar movilizaciones y acciones sindicales.

Se organizan reuniones con el resto de grupo parlamentarios para exponer el atropello del Gobierno a los derechos de los trabajadores del sector, solicitando que no apoyen una modificación tan agresiva de un modelo portuario eficiente y que arroja cifras récord de tráficos de mercancías.

Se continúa el esfuerzo de negociación desarrollado con las empresas, contactando de forma individual con los grandes operadores nacionales e internacionales de los principales puertos españoles para exigirles que apoyen el preacuerdo que se había alcanzado y reflejar así la unidad del sector frente a una actitud dictatorial del Gobierno.

Además, rota la comunicación, no se ve otra salida para defender a las miles de familias que viven del sector, que ejercer el derecho a la huelga. “No permitiremos que nos erradiquen de la ecuación, solo para que se enriquezcan los pocos a los que obedecen los gobiernos, a costa de trabajo en condiciones indecentes”, manifiesta Antolín Goya en repetidas ocasiones.

Huelgas que fueron desconvocándose a medida que la respuesta del sector y de los grupos parlamentarios era cada vez más rotunda en contra de una norma impuesta que desestabilizaría el sector y destruiría puestos de trabajo.