Tras su negativa al acuerdo alcanzado por empresas y trabajadores, el ministro de Fomento afirma que creará un instrumento normativo de otro rango que recoja las reivindicaciones de los trabajadores; también dice que el 100% de los empleos de los estibadores está asegurado.

A los estibadores no les parece de recibo tener que acatar un instrumento normativo como el decreto ley, que los condena a la muerte laboral, para que después se cree otro instrumento normativo que, supuestamente, los devuelva al mercado.

No obstante, reiteraron su disposición a la negociación y esperaban que el Gobierno esta vez sí cumpliera su promesa de reformar la estiba con el acuerdo de todas las partes, enviando previamente los documentos para su análisis, como pidieron los grupos políticos en el Congreso, y se tuviera en cuenta el diálogo social, como solicita la Comisión Europea.

La realidad es que después de dos meses de silencio, el Gobierno decide aprobar un nuevo Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 12 de mayo sin que patronal y sindicatos pudieran conocer su contenido, en una muestra más de autoritarismo, que ha sido convalidado hoy 18 de mayo, en el Congreso de los Diputados.

Un nuevo decreto que, aunque avanza en aspectos esenciales con respecto al anterior, no cubre la principal demanda de los trabajadores, prometida por el ministro de Fomento, la garantía del empleo.

Además, a este nuevo decreto ley se adjunta el acta de mediación de Marcos Peña con una propuesta que fue rechazada expresamente por empresas y trabajadores, y que no recoge el tema vital de discusión, la subrogación de los trabajadores por ley, pero sí se mete en cuestiones puramente de negociación colectiva como son la composición de las manos de trabajo y la retribución de unos empleados de empresas privadas, una vulneración clara de la libertad sindical.

Coordinadora manifiesta que irá a la huelga como única alternativa legal que les queda en contra de esta iniciativa impuesta por el Gobierno, que esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva.