El Gobierno decide aprobar un nuevo Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 12 de mayo, siendo convalidado en el Congreso de los Diputados del 18 de mayo, relegando el desarrollo reglamentario del mismo a un nuevo Real Decreto que a día de hoy está en proceso de elaboración por el Ministerio.

La justificación que dieron a volver a tomar una decisión política autoritaria y sin diálogo fue la multa de Europa, que ya iba por 24 millones de euros, y sería cada vez mayor si no se legislaba con urgencia. El 13 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condeno a España a pagar una multa de 3 millones de euros por el retraso en la aprobación de la reforma del sector evidenciando la falsedad de las motivaciones del gobierno.

Entramos entonces en una nueva etapa en la que el foco se desplaza a la negociación entre la patronal y los sindicatos, una negociación desequilibrada pues, en palabras de Antolín Goya “el real decreto les da a los empresarios la posibilidad de decidir si somos o no somos empleados de ellos y si no lo fuésemos que el coste de ese despido les fuese gratuito”.

No obstante, los sindicatos abogan por el diálogo y la disposición a buscar un acuerdo lo antes posible, manifestando que la huelga es el último de los recursos, pues lo que todos buscan es devolver la estabilidad a los puertos.