“Que ahora se plantee que España no cumple con el Tratado de la Unión no es otra cosa que el objetivo de precarizar nuestras condiciones y nuestra profesión, ya que no lo pudieron hacer con las dos directivas anteriores ni con el resto de políticas que han ido aplicando”, apuntó Goya en unas declaraciones durante la celebración de la Asamblea General.

La Ley de Puertos española en la que se define el modelo de estiba en los puertos, se aprobó bajo el consenso de las principales fuerzas políticas del país y ha desarrollado un sistema portuario en el que la actividad crece, en el que los inversores extranjeros invierten y en el que el servicio que se presta es rentable.

Por tanto, la denuncia de la Comisión Europea que se encuentra ahora ante el Tribunal de Luxemburgo, no es sino otro intento de liberalizar el sector en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores portuarios.

La delegación española del IDC manifestó en la Asamblea el apoyo mostrado por el gobierno español, tanto por la ministra de Fomento como por el presidente de Puertos del Estado, pero señaló el interés en intensificar los contactos con las principales navieras y operadores para intentar que haya una posición común de clientes, empresarios, trabajadores y gobierno en defensa del modelo español, trasmitiendo a la Comisión Europea su error e intentando, con el compromiso de apoyo del resto de puertos afiliados a IDC, cambiar su tendencia liberalizadora sin tener en cuenta las necesidades reales de los puertos.

Finalmente, los afiliados españoles manifestaron que si el Tribunal de Luxemburgo pide modificaciones en la Ley, el Gobierno tendrá que abrir un proceso de reflexión y podrá abrir un proceso de negociación en el que Coordinadora será partícipe si el proyecto pasa por tener un futuro claro para los estibadores portuarios en España y no solo para los estibadores actuales, sino también para los futuros.