Coordinadora ha mostrado su preocupación por el contenido de la sentencia ya que existen elementos de desconocimiento del modelo portuario español. La Sentencia propone modos alternativos al modelo existente, como que las propias empresas estibadoras gestionen las “oficinas de empleo” que han de suministrar la mano de obra o que se cree una “reserva de trabajadores” gestionadas por empresas privadas, tales como agencias de trabajo temporal.

Sin embargo, el Tribunal desconoce que en España las SAGEP son empresas privadas gestionadas directamente por las propias empresas estibadoras, que los trabajadores portuarios tienen un contrato de trabajo fijo con la SAGEP de cada puerto, y que los socios de la SAGEP utilizan el personal contratado por la misma para la realización de su propia actividad, ocupando el número de trabajadores y la cualificación profesional que precisas para cada actividad.

Por tanto, la sentencia adolece de defectos esenciales, utilizando criterios políticos para romper el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores portuarios y así se ha trasmitido en la reunión que el coordinador general y los coordinadores de zona han tenido con más de 90 delegados de todos los puertos el pasado 17 de diciembre en Madrid. Es esta reunión, se ha reafirmado el compromiso y unidad de Coordinadora y se ha respaldado por unanimidad la estrategia y las directrices comunicadas.

Coordinadora confía en los compromisos de defensa y fortalecimiento del modelo de estiba español, adquiridos por un lado con la ministra de Fomento Ana Pastor y con el presidente de Puertos del Estado José Llora, y por otro lado con la patronal Anesco, que ha corroborado los acuerdos firmados en la reunión mantenida el 18 de diciembre.

En el momento que el Ministerio lo crea oportuno, Coordinadora está dispuesta a realizar un análisis conjunto de la sentencia con el resto de agentes implicados y buscar fórmulas que refuercen el modelo y garanticen la estabilidad del sistema portuario.

Sí es prioritario aclararle a la Comisión Europea las deficiencias de comunicación o desconocimiento del modelo que se muestran en el fallo del Tribunal. En esta línea, se ha convocado una reunión del IDC en enero, con representantes de los estibadores de todos los puertos europeos, para dar una respuesta a la actuación de la Comisión.

“La estrategia de la Comisión Europea nos parece peligrosa y así se lo hemos trasmitido en la última mesa de diálogo social”, aseguraba Antolín Goya en sus declaraciones tras la reunión con los delegados, “si la tendencia es mandar los modelos al tribunal de Luxemburgo, como ya ha pasado con España y Bélgica, y parece que va a pasar con Alemania, evidentemente, a nosotros no nos van a dejar otras muchas alternativas. No obstante, si esto es retomable, nosotros estaremos en disposición de hacerlo”.