Llegó 2017 a su fin. Y aunque es una obviedad, como alguna vez nos pareció que ese momento era inalcanzable, me gusta recalcarlo. También llegó enero y febrero y hasta marzo de 2018 a su fin. Otra obviedad, pero como cuando imaginábamos estas fechas estábamos casi seguros de que íbamos ya a gozar, que nos toca, de un escenario estable, me parece interesante poner el acento en el calendario.

Seguimos con el almanaque en la mano. Los estibadores tenemos marcado en rojo el mes de mayo de 2017, en el que se aprobó en el congreso el RDL de reforma de la estiba y cuando el ministro de Fomento se comprometió a la aprobación del reglamento de desarrollo de esa Ley por vía de urgencia. Aseguró que llegaría antes de que acabara el año; aunque algunos, de sus mismas filas, vaticinaron que en septiembre estaría listo. En aquellos momentos pidió, De la Serna, a trabajadores y empresas que se pusieran de acuerdo, pues, según decía, era en el marco del convenio colectivo dónde se podían garantizar los puestos de trabajo, entre otras cuestiones.

También está rodeado en rojo el mes de junio de 2017, cuando cumplimos la petición del ministro, y patronal y sindicatos firmamos un acuerdo de disposición a la negociación del V Acuerdo Marco. Solo faltaba el texto del reglamento, que esperábamos para después del verano, para tener el marco normativo definido y poder culminar los pactos.

Los meses de septiembre a diciembre no tienen marcas, de ningún color. Así finalizó el año.

Tras varias peticiones de información, por escrito, a comienzos de este ejercicio, tanto de patronal como de trabajadores, el Ministerio contestó que la tarea era ardua. No fue hasta bien entrado marzo cuando conocimos el texto del reglamento que había sido colgado en un lugar recóndito de la web del Ministerio, al que pudimos hacer alegaciones durante una semana.

Ahora lo que tenemos marcado en amarillo fluorescente es el mes de mayo de 2018. En ese momento los convenios de los puertos, algo más de treinta, deberían estar pactados, acorde al reglamento, y firmados. Si no, según dispone el RDL, entrarán en conflicto con la nueva norma.

El problema es que estamos en abril, queda un mes para agotar el plazo, y seguimos sin la aprobación del desarrollo normativo.

La firma de convenios colectivos también es tarea ardua; también tiene, como las normas jurídicas, sus trámites reglados y a eso hay que añadir, cosa que no ocurre con las leyes, un periodo indeterminado para desarrollar la concertación que culmine con acuerdo. Si el Gobierno no ha sido capaz de aprobar un reglamento, con un texto que ya tenía avanzado, en los nueve meses que ya lleva consumidos, ¿cómo espera que nosotros podamos tener convenios para todos los puertos en un mes -suponiendo que viera la luz en estos días-, cuando los intereses de las partes son más complejos de compatibilizar, por lo tanto las diligencias a formalizar más largas?

Parece lógica y pertinente, pues, nuestra petición de alargar un año los plazos contenidos en el RDL. De este modo se cumpliría la finalidad de la norma, que no era otra que ofrecer a los sujetos legitimados doce meses para la negociación colectiva.

Esperamos que impere la profesionalidad, la cordura y la buena fe y solo tengamos que señalar en el almanaque el mes en el que celebremos, finalmente, que la estabilidad ha vuelto a nuestros puertos.

Antolín Goya
Coordinador general CETM