2013 se despide con importantes logros, el más relevante, la firma del IV Acuerdo, una herramienta de gran valor para la negociación colectiva, que permite un diálogo permanente entre los agentes empresariales y sociales en un entorno de estabilidad. Disponer de un instrumento de concertación permanente en el ámbito estatal con amplias competencias permitirá una mejor y más rápida adaptación a los cambios, también rápidos, que se producen en el transporte marítimo.

Signo de los cambios y de los retos que tenemos que asumir en el año próximo es, sin duda, las sucesivas alianzas estratégicas entre las grandes navieras, la reorganización de rutas y las presiones que, como controladores del mercado, realizan sobre las empresas terminalistas, las autoridades portuarias y los trabajadores de todos los colectivos portuarios. Ante esto, Coordinadora ha dedicado parte de su trabajo en la actualización del análisis de la situación en los distintos puertos españoles y extranjeros, el funcionamiento de las redes de tráficos, los procesos de trabajo y los costes de las operativas para adaptarse a este nuevo escenario global. En este sentido, aunque siempre es mejorable, se han obtenido resultados interesantes en el estudio de los costes de escala de las operativas rodantes, que próximamente verá la luz, donde el peso de la mano de obra estibadora supone unos niveles aceptables en el cómputo total del coste de la escala del buque.

Coordinadora está preparada pues, para responder a los retos de la competitividad e insta al resto de agentes públicos y privados del sector a definir un plan global para el sistema portuario español de compromiso con nuestros puertos, que garantice la sostenibilidad de los tráficos y la fiabilidad del servicio en un marco jurídico estable. Nuestra mejor baza es partir de un modelo de trabajo que funciona en un marco jurídico aprobado por una amplia mayoría parlamentaria (lo que no es poco en los tiempos que corren) y que obtuvo el consenso de los agentes económicos y sociales más representativos. Debemos seguir defendiendo ante la Comisión Europea el sistema de estiba español y sus ventajas en comparación con otros modelos europeos.