Los detractores de la firma de este acuerdo argumentan que el proceso de negociación no se ha llevado con la claridad y transparencia que se requiere. Una vez que han saltado las alarmas entre las asociaciones y la ciudadanía en general, es cuando se ha visto la necesidad de realizar consultas y convocar sesiones informativas para calmar los ánimos. Advierten de que las políticas neoliberales que se están siguiendo en la Unión Europea, presionadas por los lobbies, hacen inclinar la balanza hacia intereses particulares y chocan frontalmente con la vocación democrática y el proyecto social de la Unión Europea.

Según un estudio de la Universidad de Tufts, Massachusetts, la puesta en marcha del TTIP supondría la pérdida de 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos públicos.

Según la campaña “No al TTIP”, firmada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos y plataformas, la desregulación degradará los derechos de los trabajadores, pues es muy poco probable que se mantengan los estándares cuando Estados Unidos sólo ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo OIT, los contrarios al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.

Se remiten también a las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte NAFTA, un acuerdo entre los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México, que entró en vigor en 1994 y que ha desmantelado la industria nacional y ha perjudicado principalmente a México al no poseer la tecnología y capital necesarios para competir con las empresas extranjeras. Los expertos calculan que el NAFTA ha costado a Estados Unidos 700.000 empleos como consecuencia de la deslocalización de las empresas y ha aumentado masivamente la pobreza en el sur de México.

La no armonización en mínimos básicos (salarios mínimos, jornadas, condiciones de trabajo), en palabras de la Secretaria de Acción Social del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT, Irene de la Cuerda, para el diario digital Publico.es, posibilita tanto el dumping laboral como social y facilita la libertad absoluta del capital para movilizarse, allí donde los costes laborales son o bien más bajos o bien las legislaciones laborales nacionales son más permisivas.

En el caso de España, según declaraciones del Secretario de Internacional de CC.OO. en Cataluña, Ricard Bellera, para el diario digital Publico.es, esto podría afianzar la tendencia actual a competir sobre la base de salarios bajos y a ahondar en la precarización del empleo.