Se ha utilizado la huelga, un derecho constitucional que tienen todos los españoles, para demonizar al colectivo de estibadores ante su único recurso para tratar de evitar un despido masivo y una precarización de sus condiciones laborales.

La huelga no es ningún acto ilegal y por supuesto se respetan unas condiciones mínimas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales del país. En el interés de los estibadores no está perjudicar a su comunidad sino conseguir que el Gobierno comprenda que la reforma del modelo de estiba, que evidentemente debe hacerse para cumplir con la sentencia del TJUE, debe llevarse a cabo a través de la negociación con los agentes del sector, respetando los derechos de los trabajadores que han contribuido a su crecimiento y productividad.

A las voces de “la amenaza del desabastecimiento por la huelga de la estiba preocupa a la población” y “desvío de tráficos ante la amenaza de huelga”, las últimas estadísticas de Puertos del Estado revelan que el tráfico de mercancías sigue al alza en los puertos españoles.

Entre enero y marzo de 2017 se registró un aumento del volumen de mercancías del 2% con respecto al primer trimestre del año anterior y en concreto, con respecto al tráfico en contenedor, el número de TEUs manipulados en este primer trimestre del año ha sido un 1,2% superior al mismo periodo del 2016.

El tráfico portuario ascendió a pesar de los anuncios de huelga porque Coordinadora sigue dando prioridad al diálogo y porque nuestro último fin con la huelga es no ejercer nuestro derecho a hacerla. Solo necesitamos una apuesta clara, de todos los actores, por la estabilidad del sector.