Desde que la sentencia del TJUE se conoció el 11 de diciembre de 2014, el Partido Popular se ha dedicado a priorizar sus propios intereses y no el bien común de los ciudadanos. Primero, no atendiendo a sus obligaciones de reforma de la Ley en los tiempos adecuados, pues esta cuestión podía interferir en sus resultados electorales y, posteriormente, haciendo uso de su soberbia para imponer una opción política escudándose en que se lo imponía Europa .

El ministro aseguró que el primer real decreto era la única vía para responder a las exigencias del TJUE; ahora, una vez modificado el texto, parece que también se ajusta a sus requerimientos, por lo tanto, no hay una única solución jurídica, como llevan anunciando los trabajadores en todo este proceso, sino múltiples, que bien pueden estar pactadas.

Tras finalizar la mediación, los sindicatos enviaron al Ministerio una nota jurídica que exponía cómo compatibilizar el mantenimiento del empleo sin vulnerar el derecho comunitario pero ésta no se ha tenido en cuenta en este nuevo decreto ley.

Para dar solución a cualquier conflicto es fundamental el diálogo y el consenso. Hacer oídos sordos es actuar con irresponsabilidad política.