A instancias de la unánime petición de negociación que exigen los partidos políticos, y tras Coordinadora mostrar su capacidad de diálogo desconvocando las primeras huelgas, el día 21 de febrero se crea una mesa de diálogo designándose como mediador a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Empleo.

Los estibadores entienden que se abre en esos momentos una mesa negociadora seria y rigurosa en la que participarán, además del Gobierno, todos los agentes del sector para lograr que la modificación del modelo de estiba para dar respuesta a los requerimientos del TJUE sea un documento consensuado con el que se identifiquen las distintas partes.

Nada más lejos de la realidad. Lo que se inicia es un proceso de negociación sin el Gobierno, sólo entre representantes de la patronal y de los sindicatos, encuentro que ya se venía realizando entre ambos y que por tanto no precisaba mediación al respecto, y únicamente para tratar cuestiones de negociación colectiva puesto que el contenido del Real Decreto Ley no va a alterarse y sigue su camino hacia la convalidación en el Congreso de los Diputados.

Por tanto, vuelve el Ministerio a dar muestras de su autoritarismo e intransigencia pues ha sido el Gobierno quien ha creado el conflicto, pero no es lo suficientemente responsable y humilde como para trabajar junto con las partes implicadas en una solución negociada que favorezca la estabilidad de un sector estratégico para el país.

Coordinadora sí asume su responsabilidad y participa en esta mediación, confiando en que el resto de grupos políticos continúen con el discurso que habían tenido hasta ahora de rechazo al decreto ley, pues cumplir estrictamente con los requerimientos de la sentencia es totalmente compatible con el respeto a los derechos de los trabajadores.