Después de solo 3 meses como ministro de Fomento y sin haber tenido ningún contacto previo con Coordinadora, Íñigo de la Serna decide reunir el día 2 de febrero a los sindicatos con representación en el sector de la estiba y a la patronal Anesco para comunicarles la decisión del Gobierno de reformar el sistema portuario español de forma unilateral, vía decreto ley.

Un real decreto ley cuyo planteamiento es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia. Se trata de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es eso lo que exige.

Supone todo un vuelco al estilo de negociación que se había mantenido hasta la fecha, en el que la ministra Ana Pastor había solicitado el consenso de todos los agentes del sector para hacer la reforma obligada por el estricto cumplimiento de la sentencia.

Dicho consenso se había hecho patente a través de un documento de “Bases para la reforma” que Coordinadora, UGT y CC.OO. habían acordado con Anesco desde julio de 2015, así como un preacuerdo suscrito a finales de enero de 2017 con la asociación empresarial que contenía el desarrollo pormenorizado del sistema acordado.

Esta opción política de ruptura que lleva a cabo el ministro, aprobando el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 24 de febrero, frustra el ejercicio de flexibilidad y entendimiento con los empresarios de los puertos que permitía una salida acordada.

Coordinadora apela entonces a la cordura del resto de grupos parlamentarios e inicia movilizaciones y acciones sindicales.